Un paro que se siente en el tráfico y en los juzgados
El viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) paralizaron labores en al menos 40 sedes de 11 estados del país, de acuerdo con El Financiero. La protesta no fue simbólica: en Toluca, el bloqueo sobre Paseo Tollocan se extendió por cinco horas y colapsó la circulación en ambos carriles, según reportó Milenio. En Monterrey, la avenida Constitución y Morones Prieto quedaron atoradas por casi cuatro horas, documentó El Norte. El motivo: el nuevo esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que los trabajadores consideran una amenaza directa a su estabilidad laboral. La protesta evidencia una contradicción incómoda: quienes imparten justicia ahora bloquean calles para no ser evaluados.
La evaluación que nadie quiere que los evalúe
El acuerdo publicado en el DOF establece evaluaciones para diciembre y contempla sanciones que, según los inconformes, podrían derivar en despidos masivos. Una trabajadora citada por El Financiero lo dijo sin rodeos: “Lo único que va a hacer que regresemos a nuestra oficina va a ser que la Oficina de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique. Que nos evalúen, sí, pero que hagan otro acuerdo”. El problema no es la evaluación en sí, sino el diseño: los trabajadores argumentan que los criterios son punitivos y no reconocen la complejidad del trabajo jurisdiccional. La SCJN ya prometió diálogo y aclaró que las evaluaciones no serán punitivas, pero los manifestantes exigen que se retire el acuerdo completo. Mientras tanto, el paro afecta a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con la disputa laboral.
“Esta movilización no va a ser pasiva, va a ser una movilización activa”, advirtió José Felipe Ochoa Landero, representante del Sindicato de Renovación del PJF, según El Financiero.
Bloqueos que afectan a los mismos que buscan justicia
Las afectaciones viales no son un daño colateral menor. En Toluca, la fila de vehículos se extendió hasta las inmediaciones del ISSEMyM, reportó Milenio. En Monterrey, la avenida Morones Prieto colapsó cuando los manifestantes cerraron los carriles, según El Norte. Es decir, los trabajadores del PJF protestan contra un sistema que consideran injusto bloqueando la circulación de ciudadanos que quizá esperan una resolución judicial o simplemente quieren llegar a casa. La protesta es legítima en una democracia, pero el método tiene un costo social que no se puede ignorar. Y el mensaje que envía es confuso: un poder que se dice autónomo ahora depende de la calle para frenar una reforma.
El fondo del conflicto: la reforma judicial de 2024
El esquema de evaluación no surgió de la nada. Deriva de la reforma judicial de septiembre de 2024, que transformó la estructura del PJF y prometió mayor transparencia y eficiencia. Sin embargo, la implementación de las evaluaciones ha sido todo menos tersa. Los trabajadores denuncian que el acuerdo publicado en el DOF incluye sanciones que afectan derechos laborales y que no se les consultó. La SCJN ha intentado calmar las aguas con promesas de diálogo, pero la desconfianza persiste. En Tabasco, alrededor de mil 200 trabajadores del décimo circuito suspendieron labores de manera indefinida y bloquearon parcialmente la avenida Gregorio Méndez, según El Financiero. El sindicato advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse. La pregunta es si el PJF está dispuesto a negociar de verdad o si el paro se convertirá en un pulso prolongado que afecte aún más el acceso a la justicia.
Lo que no se dice: la evaluación como espejo
Más allá del conflicto laboral, el paro revela una tensión de fondo: la resistencia a ser evaluado en un poder que históricamente ha operado con opacidad. Los trabajadores dicen que no se oponen a una evaluación que mejore la institución, sino a las posibles represalias. Es una distinción válida, pero también es cierto que el PJF arrastra una reputación de lentitud, burocracia y falta de rendición de cuentas. La evaluación, mal diseñada o no, toca una fibra sensible: la idea de que el desempeño de los servidores públicos judiciales debe medirse con criterios claros. El problema es que el acuerdo parece haber sido impuesto sin consenso, y eso convierte una medida razonable en un polvorín. La SCJN tiene la oportunidad de demostrar que puede dialogar sin ceder a la presión de las calles, pero también sin imponer una reforma que nació coja.
Mientras los bloqueos se liberan y el tráfico vuelve a la normalidad, queda una pregunta incómoda: ¿los trabajadores del PJF están defendiendo sus derechos o protegiendo privilegios? La respuesta no es binaria, pero el costo de no resolverlo lo pagan los ciudadanos que, una vez más, se quedan atorados en el camino.
Con información de El Norte.
