Un paquete militar que llega sin nombre ni apellido
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este 6 de noviembre una posible venta militar a México por mil 75 millones de dólares, equivalentes a cerca de 20 mil millones de pesos, según reportó Infobae. El paquete contempla 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y un extenso equipo asociado: 27 motores T700-GE-701D, sistemas de navegación inercial con GPS, radios de comunicación satelital, radares meteorológicos, visores de visión nocturna, ametralladoras M-134 capaces de disparar hasta 4 mil balas por minuto, blindaje balístico y grúas de rescate. La operación fue notificada al Congreso estadounidense mediante la comunicación número 26-104, pero aún no se concreta: el Capitolio tiene 30 días para votar una resolución en caso de que existan razones para censurarla, aunque hasta el momento no se conoce oposición, según Diario.
El dato que salta a la vista no es el monto ni la cantidad de aeronaves, sino la ausencia de un detalle fundamental: el comunicado no especifica qué institución mexicana concentraría el refuerzo de la flota. En el país operan helicópteros Black Hawk la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, de acuerdo con información oficial de las propias dependencias. La solicitud partió del Gobierno mexicano, pero no se aclara si los aparatos reforzarán a una sola corporación o se repartirán entre varias. Esa omisión no es menor: en un país donde la coordinación entre fuerzas de seguridad es tema de debate constante, saber quién controlará estos equipos es tan relevante como el precio.
La letra chica del contrato: motores, radios y 15 enviados de EU
El paquete autorizado va mucho más allá de las aeronaves. Mediosobson detalla que la operación incluye 27 sistemas integrados de navegación inercial/GPS EAGLE-M+429, 27 radios de comunicación satelital AN/ARC-231A RT-1987 de muy alta y ultra alta frecuencia, el transpondedor de identificación amigo o enemigo APX-128, el cargador de clave simple AN/PYQ-10 y computadoras de aplicación criptográfica. Además, se contempla el envío temporal de 15 representantes del Gobierno estadounidense o de empresas contratistas a México para coordinar la recepción del equipo, brindar apoyo logístico, capacitación, verificación de sistemas y asistencia técnica. Es decir, la venta no es solo de fierros: incluye presencia física de personal estadounidense en territorio mexicano, un aspecto que suele pasar desapercibido pero que tiene implicaciones operativas y políticas.
El contratista principal designado es Sikorsky, filial de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. La empresa destaca que ha fabricado más de 5 mil aeronaves de la familia Hawk para 36 naciones, acumulando más de 15 millones de horas de vuelo, de las cuales 5 millones corresponden a operaciones de combate. Son cifras que impresionan, pero que también recuerdan que este tipo de transacciones no son nuevas: la última vez que México compró helicópteros Black Hawk fue en 2014, también a Sikorsky, según Diario. Doce años después, el gobierno mexicano vuelve a la misma tienda, con un pedido más grande y un contexto distinto.
El discurso oficial: estabilidad, narcotráfico y una relación bilateral
La notificación del Departamento de Estado justifica la venta en términos de política exterior y seguridad nacional. Nacion321 cita el comunicado oficial: la operación busca modernizar la flota aérea mexicana y fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas para proporcionar apoyo aéreo en operaciones contra el narcotráfico dentro del territorio nacional. El texto añade que la adquisición reforzaría la cooperación bilateral y contribuiría a los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Washington. Hasta ahí, el discurso habitual: México compra, EU vende, ambos ganan en la lucha contra el crimen organizado.
“La propuesta de venta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de EU al mejorar la seguridad de un aliado que constituye un factor de estabilidad política y progreso económico en América del Norte”, dice la notificación enviada por el Departamento de Estado a diversos comités legislativos, según Diario.
Pero el mismo comunicado también aclara que la operación no modifica el equilibrio militar de la región ni afecta la capacidad defensiva de Estados Unidos, y que por el momento no se conocía la existencia de algún acuerdo de compensación comercial vinculado a la venta. Es decir, México pagará los mil 75 millones de dólares sin que se haya definido si habrá contraprestaciones industriales o tecnológicas. En ventas militares de este tamaño, los acuerdos de compensación (offsets) suelen ser parte de la negociación para que el país comprador no solo reciba equipo, sino también transferencia de tecnología o inversión local. Aquí, ese beneficio queda en el aire.
Lo que no se dice: la sombra de la transparencia
Ninguna de las cuatro fuentes consultadas menciona el proceso de licitación o adjudicación por parte del gobierno mexicano. Tampoco se detalla cómo se financiará la compra ni si ya está etiquetada en el presupuesto de egresos. La operación se encuentra en fase de autorización y aún no se concreta, pero el hecho de que la solicitud haya partido del propio Gobierno mexicano sugiere que las negociaciones llevan tiempo. La pregunta obligada es si el Congreso mexicano fue informado con la misma anticipación que el Capitolio estadounidense. La transparencia en compras militares no es un lujo: es una obligación constitucional en un país donde cada peso cuenta y donde los recursos para seguridad compiten con los de salud y educación.
El monto, 20 mil millones de pesos, equivale a lo que se destina anualmente a programas sociales completos o a varios hospitales de tercer nivel. No se trata de decir que la compra sea innecesaria, sino de exigir que se explique con claridad por qué se necesita, quién la operará y cómo se medirá su efectividad. La lucha contra el narcotráfico no se gana solo con helicópteros, pero sin duda ayuda tener equipo moderno. El problema es cuando la opacidad se convierte en la norma y la rendición de cuentas en una excepción.
El cierre de esta historia aún no está escrito. El Capitolio tiene 30 días para revisar la venta, y el gobierno mexicano tiene la oportunidad de aclarar el destino de las aeronaves y los términos del contrato. Mientras tanto, la pregunta incómoda sigue flotando: ¿estos Black Hawk volarán para proteger a los mexicanos o solo para engrosar el catálogo de equipo militar sin una estrategia clara detrás?
Con información de Reforma.
