La propuesta busca abrir oportunidades de capacitación, empleo y certificación laboral para mujeres víctimas de violencia, porque recuperar la libertad también significa poder sostenerla.
Más allá de la protección: construir una nueva independencia
Salir de una relación violenta no siempre significa recuperar la libertad. Para muchas mujeres, el desafío continúa cuando deben enfrentar la falta de ingresos, la incertidumbre laboral y la responsabilidad de sostener a sus familias. Ante esta realidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de San Luis Potosí aprobó un dictamen que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia.
La iniciativa, promovida por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. Su propósito es incorporar herramientas que permitan a las víctimas acceder a capacitación laboral, desarrollar habilidades y obtener certificaciones que faciliten su incorporación o regreso al mercado de trabajo.
Capacitación y empleo como herramientas de libertad
Uno de los puntos centrales de la propuesta es impulsar convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICAT). A través de estos mecanismos se pretende ampliar las oportunidades de formación y aprendizaje de oficios, ofreciendo alternativas para que las mujeres construyan una fuente de ingresos propia.
La reforma contempla modificar la fracción III y agregar una fracción XIV al artículo 25 de la legislación estatal. Detrás del lenguaje jurídico existe una realidad profundamente humana: la dependencia económica puede convertirse en una barrera para abandonar definitivamente un entorno de violencia. La protección inmediata es indispensable, pero sin oportunidades de desarrollo, la independencia puede resultar difícil de sostener.
Una respuesta que no termina con la atención inmediata
La legisladora destacó que las acciones de capacitación y empleo no buscan reemplazar la atención psicológica, jurídica o las medidas de protección que deben brindar las autoridades. Se trata de complementar esos mecanismos con oportunidades de desarrollo personal y profesional, reconociendo que reconstruir un proyecto de vida requiere mucho más que superar una situación de emergencia.
La propuesta también pone sobre la mesa una contradicción frecuente: se espera que las mujeres abandonen relaciones violentas, pero no siempre cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Tener acceso a un empleo, aprender un oficio o certificar conocimientos puede representar una diferencia importante entre depender económicamente de otra persona y recuperar la capacidad de decidir.
Un dato que ayuda a comprender el problema
Un aspecto poco visible de la violencia económica es que no siempre implica quitarle dinero directamente a una mujer. También puede manifestarse mediante el control de sus ingresos o los obstáculos para trabajar y desarrollar una actividad remunerada. Por eso, la autonomía económica no se reduce a conseguir empleo: también supone disponer de recursos propios y contar con condiciones reales para tomar decisiones sin depender de quien ejerce violencia.
El dictamen aprobado en comisión todavía deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso del Estado, por lo que la reforma aún no es definitiva. De avanzar, representaría un paso para ampliar la atención institucional a las mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí. Porque una vida libre de violencia no consiste únicamente en cerrar la puerta al pasado, sino también en tener las herramientas necesarias para abrir una nueva etapa.
