La duda que no se despeja: ¿dónde están?
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes a las versiones que colocaban a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a los hermanos Hernández Casillas fuera del país. Según Centralmunicipal, la mandataria dijo que “al parecer” permanecen en territorio nacional, pero consideró necesario que el Instituto Nacional de Migración (INM) lo confirme. La respuesta, sin embargo, no pasó de un “sí, parece que sí”, lo que deja abierta la pregunta sobre la certeza de la información. En un caso que involucra contrataciones por más de 2 mil millones de pesos, la precisión no es un lujo: es una obligación. Que la presidenta tenga que pedir un informe al INM para saber si los protagonistas del escándalo siguen en México habla de un vacío de información que no debería existir a estas alturas.
El señalamiento a Córdova y Jacobo: “¿Y por qué no hizo nada?”
Sheinbaum no se quedó en la duda sobre el paradero. Arremetió contra quienes, desde su perspectiva, conocían las irregularidades y no actuaron. Según El Pueblo, la presidenta cuestionó directamente a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, quien reconoció que en su gestión se nombró a Taddei al frente del organismo electoral de Sonora y que sabía de la existencia de las empresas de los Hernández Casillas. “¿Y por qué no hizo nada? ¿Y por qué contrataron más de 2 mil millones de pesos?”, preguntó. Extendió el señalamiento a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, de quien dijo estuvo 15 años en el cargo y “no me digan que él tampoco sabía que había un duopolio”. El argumento es contundente: si los contratistas eran conocidos, la responsabilidad no puede recaer solo en quienes ejecutaron los contratos, sino en quienes tenían la obligación de supervisarlos.
“El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían el INE no se toca para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, declaró Sheinbaum, según Centralmunicipal.
La cita no es menor. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la consigna “el INE no se toca” fue bandera de movilizaciones masivas. Ahora, la presidenta sugiere que ese blindaje pudo haber servido para proteger una red de complicidades. La acusación es grave y merece una investigación exhaustiva, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿por qué hasta ahora se visibiliza el problema? ¿No hubo tiempo en los años anteriores para auditar esas contrataciones? La respuesta queda en el aire, pero el señalamiento ya está sobre la mesa.
Transparencia y elección de 2027: el reto inmediato
Más allá del caso Taddei, Sheinbaum planteó que el saneamiento del INE pasa por la transparencia en las compras. Sostuvo que “es indispensable y están a tiempo los actuales consejeros del INE” de transparentar las contrataciones, sobre todo las licitaciones para la elección de 2027. Según El Universal, la mandataria también recordó que su gobierno presentará la próxima semana un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, donde se imprimen las boletas electorales. La medida busca, en teoría, reducir la dependencia de proveedores externos y garantizar la cadena de impresión. Pero el anuncio llega en un momento en que la confianza en el organismo electoral está bajo escrutinio. No basta con cambiar de proveedor si no se esclarecen las responsabilidades del pasado.
El respaldo al recorte de 5 mil millones de pesos al INE, mencionado en El Pueblo, añade otro elemento de tensión. La presidenta justificó la medida como parte de la austeridad, pero los consejeros tendrán que demostrar que pueden operar con menos recursos sin sacrificar la calidad del proceso electoral. La ecuación no es sencilla: menos dinero y más escrutinio público. El riesgo es que la transparencia se convierta en un discurso y no en una práctica.
El INM como árbitro de la duda
La petición de Sheinbaum al INM para que confirme el paradero de Taddei y los Hernández Casillas es, en los hechos, un reconocimiento de que el gobierno no tiene certeza sobre la ubicación de personas vinculadas a un escándalo de contrataciones. Jornada reporta que la mandataria pidió el informe, pero no ofreció detalles sobre plazos ni consecuencias en caso de que la dependencia no responda con prontitud. La situación recuerda a otros casos en los que la falta de información oficial alimentó todo tipo de especulaciones. La diferencia es que aquí estamos hablando del organismo encargado de garantizar elecciones limpias. Si el INE no puede dar cuenta de sus contratistas, ¿cómo va a dar cuenta de la voluntad popular?
La presidenta también defendió sus dichos contra el partido Somos, que anunció que la denunciará a ella y a la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro. “Defiendo mis dichos. Los sostengo. Porque tengo pruebas de todo lo que dije”, afirmó. La confrontación política está servida, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo: las contrataciones opacas, los nombres que se repiten y la sensación de que el organismo electoral necesita una limpia profunda. Mientras el INM busca el paradero de Taddei y los hermanos Casillas, el país espera respuestas que no lleguen en forma de “parece que sí”.
Con información de La Jornada.
